Con Peña, repuntan pobreza y desigualdad en México

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MÉXICO, D.F. (apro).- El 9 de enero de 2014, desde el templete instalado en el municipio guerrerense de Cochoapa El Grande, el más pobre del país, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que el año que iniciaba debía “ser un año que nos permita acelerar el paso, especialmente en la concreción de este objetivo prioritario: abatir la pobreza y la desigualdad”.

Año y medio más tarde, el pasado jueves 23 de julio, el veredicto de la medición de pobreza 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) esfumó los deseos del mandatario: a finales del año pasado, 55.3 millones de mexicanos vivían en la pobreza, 2 millones –y 200 mil menores de edad– más que en el inicio de la administración priista.

Pese a la millonaria inyección de recursos al diseño de políticas públicas enfocadas a revertir la pobreza, durante cada minuto que transcurrió entre 2012 y 2014 se hundieron dos mexicanos en la pobreza.

Según el Coneval, a finales de 2014 80% de los mexicanos se encontraba en pobreza o al borde de caer en ella –ya sea por su magro ingreso o por sufrir carencias sociales–, o sea 95 millones de personas.

Los 24.6 millones restantes obtuvieron ingresos satisfactorios sin sufrir de carencias. Eso quiere decir que en el segundo país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo el 20% de la población se salvó del rezago social.

En entrevistas por separado, expertos sostienen que la principal explicación del incremento de la pobreza se encuentra en la caída de los ya escasos ingresos de millones de mexicanos.

Sin embargo, coinciden en señalar el fracaso de la política social del gobierno para garantizar sus derechos a todos los ciudadanos, como establece la Constitución.

De acuerdo con la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), la cual monitorea el diseño, el desempeño y la calidad de las políticas públicas de desarrollo social, el gobierno federal destinó 457 mil millones de pesos a su política social el año pasado, equivalente al 11.6% del presupuesto programable.

Más de la cuarta parte de este presupuesto, 141 mil millones de pesos, fue asignada a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el resto se repartió entre la docena de secretarias involucradas en la política social, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSA) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Con esa asignación, la Sedesol fue la secretaría con el tercer mayor presupuesto del gabinete de Peña Nieto en 2014, aunque de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, realizó un subejercicio de 4 mil 482 millones de pesos.

“Los más pobres”

“Llegamos dónde nadie había llegado; alcanzamos a los más pobres de los pobres”. Es con ese lema que la titular de la Sedesol, Rosario Robles, suele presentar a la Cruzada Nacional contra el Hambre durante los eventos públicos.

A través de los 90 programas que conforman la Cruzada y que operan distintas secretarias –sobre todo la Sedesol, la Sagarpa, Semarnat, Salud y Educación–, el gobierno pretende erradicar el hambre en el país, por lo que le atribuyó cerca de 200 mil millones de pesos el año pasado.

Sin embargo, al analizar los datos del Coneval, y más particularmente al comparar la evolución de las carencias sociales con el nivel de ingreso de la población, se puede observar que la política social del gobierno peñanietista no mejoró las condiciones de vida de los más necesitados.

Así, desde 2012 los indicadores de varias carencias sociales se estancaron para el 10% de los mexicanos más pobres: el rezago educativo se quedó en 33%, la falta de acceso a los servicios básicos de vivienda permaneció en 58%, mientras que el 90% de ellos seguía sin contar con seguridad social.

En cambio, los programas de afiliación al Seguro Popular redujeron en un 4% la falta de acceso a los servicios de salud del decil de mexicanos más pobres, mientras que la calidad de sus espacios de vivienda mejoró en un 1%.

Respecto a la población total de México, las carencias antes mencionadas disminuyeron entre 2012 y 2014. La única excepción fue el rezago en el acceso a la alimentación que, además de disminuir de menos de 1% para el decil más pobre, se agravó en términos generales.

Durante los primeros dos años de gobierno de Peña Nieto y a pesar de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la falta de acceso a la alimentación pasó de 23.3% a 23.4%. Al terminarse el año pasado, 28 millones de mexicanos sufrían esa carencia; 600 mil más que en 2012.

Es más: de acuerdo con la base de datos de los Logros de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que registra los montos gastados por municipio y por entidad federal hasta el cierre de 2014, ciertas de las entidades más beneficiadas por los programas claves de la estrategia, como Prospera o el programa de pensiones “65 y más”, registraron incrementos en los niveles de pobreza y de rezago alimentario.

De acuerdo con este documento, cuya copia tiene Proceso, Chiapas fue una de las entidades más beneficiadas por la Cruzada en 2014. Recibió, por ejemplo, 2 mil 358 millones de pesos del gobierno federal para Prospera, 2 mil millones en el programa de pensiones “65 y más”, 319 millones en tarjetas SinHambre y otros 179 millones en tiendas Diconsa, entre muchos.

No obstante, la tasa de pobreza se incrementó en 4.7%, la de pobreza extrema aumentó en un 1.5% y el rezago en acceso a la alimentación se disparó en un 14.2% y la pobreza extrema.

Administrar la pobreza

De mismo modo, el gobierno federal gastó 3 mil 419 millones de pesos en el estado de México para las pensiones “65 y más”; mil 590 millones en Prospera; poco más de mil millones de pesos en la dotación de leche fortificada; o mil 868 millones en las tarjetas SinHambre, entre muchos.

Otra vez, la tasa de pobreza creció de 12.8%, la de pobreza extrema se disparó en un 27.6% y el rezago en el acceso a la alimentación en un 24.2%.

El Coneval estimó que las tres cuartas partes de la población indígena se encontraba en situación de pobreza a finales del año pasado, los cuales sin duda les incluía en los “más pobres de los pobres”.

Pero tampoco llegó la política social a mejorar sus niveles de vida. La tasa de pobreza extrema entre los indígenas se incrementó de 1.2% en dos años y alcanzó el 31.8% de la población, más de cuatro veces la tasa de extrema pobreza en la población no indígena.

Según el segundo informe de gobierno, que Peña Nieto entregó en septiembre de 2014, la administración priista destinó 151 mil millones de pesos al “desarrollo integral de los pueblos indígenas” durante sus primeros dos años en el poder –un promedio anual de 75 mil millones, 30 mil millones más de lo que invertía su antecesor–.

Según el Coneval, la tasa de pobreza se agravó en 11 entidades federales –con mayor magnitud en Veracruz, Oaxaca, el estado de México y Michoacán–, se estancó en siete y mejoró en 14, sobre todo en Nayarit, Guerrero y Jalisco.

El pasado 27 de julio, las organizaciones reunidas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza estimaron que el gobierno federal comete un “grave error de enfoque” en el combate a la pobreza, al concentrar sus esfuerzos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

“La Cruzada presenta problemas serios de diseño y de rendición de cuentas, quizá los más importantes son que reduce su objetivo a 7 millones de personas y que pretende resolverla con comedores, tarjetas y comités”, plantearon, al estimar que en México ya no se necesitan más programas sociales para “repartir cosas”.

Durante sus primeros dos años a cargo de la dependencia, Rosario Robles no dejó de elogiar los logros de la “Política Social de Nueva Generación” emprendida bajo la administración de Peña Nieto. Según ella, el nuevo enfoque dejó atrás las viejas estrategias asistencialistas.

“Basar la política social en programas la vuelve asistencialista, ya que la población, cuando está recibiendo el beneficio desde el gobierno, se vuelve presa de la idea que si se comportan mal lo pueden perder”, comenta a esta agencia la socióloga Araceli Damián, investigadora en el Colegio de México (Colmex). Estima que la política social en México equivale a “administrar la pobreza”.

Ejercicio de comunicación

En plena crisis de credibilidad tras la evasión espectacular de Joaquín “El Chapo” Guzmán –que hizo anecdótica la visita de Peña Nieto a Francia–, y en medio de una delicada situación económica –marcada entre otros por el hundimiento del peso frente al dólar y del derrumbe de los precios del petróleo, la decepcionante “Ronda Uno”, y los recortes presupuestarios –, el gobierno tuvo que rendir cuentas sobre el fracaso del combate a la pobreza.

La Sedesol fue la primera en reaccionar: la presentación de los resultados del Coneval aún no terminaba en el Centro Cultural Isidro Fabela, ubicado en la colonia San Ángel, cuando la dependencia emitió un “posicionamiento” en el que interpretó las cifras de la pobreza para presentar un balance positivo de sus acciones, en un intento de contener las críticas que no tardarían en llover.

En este documento, en lugar de comentar el incremento de la pobreza general, la Sedesol se felicitó de la reducción de la pobreza extrema, que según el Coneval disminuyó de 9.8% a 9.5% entre 2012 y 2014. A finales del año pasado, esa institución consideraba que vivían en México 11.4 millones de personas en la miseria, 100 mil menos que en 2012.

La Sedesol no mencionó que durante este periodo el número de mexicanos cuyos ingresos no bastaban para comprar la canasta alimentaria se incrementó de 0.6%, hasta afectar a 24.6 millones de personas el año pasado, un millón más que en 2013.

La entidad también se jactó de la reducción de la pobreza extrema en los menores de edad y las personas mayores de 65 años. Si bien concedió que “seguimos teniendo una deuda con las personas con discapacidad”, ni siquiera evocó al incremento de esta condición en la población indígena.

En su comunicado, la Sedesol insistió que a raíz de la “buena focalización” de los programas sociales, los ingresos del 10% de los hogares más pobres del país aumentaron. Y no de un 2.1% como lo planteó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sino de 6.5% entre 2012 y 2014.

Pero aun tomando en cuenta el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que reportó un incremento de 6.5% del ingreso trimestral promedio de los hogares más pobres del país, la ganancia fue de un peso por día y por persona. El ingreso de cada ocupante del hogar pasó de 16.8 pesos a 17.9 pesos diarios.

“No es ningún logro, porque este incremento proviene de las transferencias públicas a través de los programas”, comenta el economista Gerardo Esquivel, investigador en el Colmex.

Y precisa: “En la medida en que estos individuos no pueden acceder a una canasta, seguirá siendo un mal resultado”.

Robles en frente

El comunicado de la Sedesol no funcionó: las organizaciones civiles, los periódicos y el sector privado no dejaron de cuestionar al gobierno y sus políticas social y económica.

La propia Rosario Robles asumió, de manera personal, la defensa del gobierno federal en el combate a la pobreza e intentó convencer que “debemos seguir por este camino”.

Así, tanto en una columna que firmó en El Financiero el viernes 24, como durante una conferencia de prensa el lunes siguiente, o en el programa Alebrijes difundido en Televisa más tarde ese día, Robles reiteró que el incremento del ingreso de los más pobres y la disminución de la pobreza extrema eran una “buena noticia”.

Durante sus sucesivas apariciones públicas, la secretaria repitió que los resultados del Coneval sólo capturaron “una fotografía” de 2014, pero no reflejaron las supuestas mejoras inducidas por las reformas estructurales a inicios de 2015, ni el rediseño del programa Prospera.

Entre otros, Robles argumentó que “el contexto económico adverso” fue uno de los factores que aumentó la pobreza. También lo fue el crecimiento poblacional: de acuerdo con la funcionaria, parte de la agravación de la pobreza se explica porque “en los (hogares) más pobres el promedio de niños nacidos es mayor al promedio nacional”.

Asimismo, sostuvo, “la gente, la más rica como la más pobre, no dice cuánto está ganando (a los encuestadores)”, lo que genera “un subregistro en el ingreso”.

Durante su participación a Alebrijes, afirmó que a la Sedesol le hubiera resultado fácil entregar 2 mil pesos a la gente en situación de pobreza para que “pasaran la línea” y no fueran considerados como pobres en la encuesta del Coneval, pero precisó que eso hubiera sido “irresponsable”.

Y, con un tono cada vez más defensivo, Robles terminó por declarar que “la Sedesol no es la única secretaria del gobierno que tiene la responsabilidad de combatir la pobreza”.

“A la Sedesol le toca diseñar los programas sociales que permiten que quienes están una mayor condición de pobreza puedan enfrentar en mejores condiciones esta situación de pobreza. Fue la tarea que nos dio el presidente Enrique Peña Nieto”, aclaró.

Más temprano en el día, el mismo Peña Nieto admitió que le resultaba “evidente que la política social no ha sido suficiente” aunque, subrayó, sirvió para “contener el incremento de la pobreza”.

“El día posterior a la publicación de los resultados, el logro consistía en la mejor focalización de los programas. Y el lunes siguiente el mensaje cambió: el éxito de la política social fue contener la pobreza. Si aspiramos como país a que el máximo logro sea ése, no podemos aspirar a resolver el problema”, planteó Héctor Rubio, coordinador de iniciativas estratégicas en Gesoc, en entrevista con Proceso.

En el estudio de Alebrijes,Robles perseveró en el optimismo. Estimó que ciertos aspectos de la economía lucen positivos para 2015 –“se crearon empleos con una cifra récord, hay inversiones, hay mayor consumo de las familias, se paga menos por la luz y la telefonía”, y anticipó que estas mejoras “seguramente” se verán reflejadas en la próxima medición de la pobreza, en 2017.

El día siguiente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC) ajustó sus previsiones de crecimiento económico en México para el año 2015: del 3% que estimó en abril, lo redujo a 2.4%, por la caida de los precios del petróleo, los bajos salarios, las escasas inversiones y un consumo interno “modesto”.